Aprueban nuevo requisito para adquirir licencias y permisos de conducir

2019-09-18

Audio en lengua Maya:

 

Con 18 votos a favor y 6 en contra, se aprobó por mayoría adicionar el artículo 31 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado para que además de los requisitos exigidos para la expedición de licencias o permisos de conducir, el interesado deberá aprobar un examen de pericia y capacidad realizada por el área encargada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

 

En la sesión ordinaria de este miércoles, la diputada Lila Frías Castillo (PRI) informó que tan solo en 2017 se registraron 162 accidentes de tránsito que repercutió en 148 heridos y 126 fallecimientos, por lo que es necesario trabajar en condiciones favorables para el tránsito vehicular; además, aclaró que la pericia es para garantizar que las personas demuestren la facultad de conducir de manera óptima.

 

En contraparte, Luis Aguilar Castillo (Nueva Alianza) indicó que el problema es que se necesita educación y cortesía vial, porque el término de pericia deja abierto a quien aplique el examen, los criterios para que lo apruebe el solicitante, al igual que propone habilitar espacios que se consideren adecuados para dicha prueba dentro de un circuito vial, que podría retrasar el trámite que molestaría a la ciudadanía.

 

En respuesta, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) contestó que no se ponen más trabas, sino que se da certeza que se otorga a quien tiene la habilidad de conducir, con más amplios y exigentes requisitos para evitar accidentes, toda vez que existen 860 mil placas registradas, es decir, casi un vehículo por cada dos habitantes.

 

En su turno, Milagros Romero Bastarrachea (MC) mencionó que se debe ser claro al aplicar los términos, como el de pericia, porque podría crear un vicio administrativo, al momento de otorgar licencias de conducir, por lo que se necesita un cambio de paradigma en este tema.

 

En la plenaria del día, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad las modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que fortalece los mecanismos para establecer políticas públicas específicas para que las unidades administrativas de primer contacto de este sector, en los 106 municipios del Estado, cuenten con los medios y herramientas necesarias que permitan su implementación, el perfil idóneo para su titular y del personal que brinde su atención, así como los indicadores de evaluación claros y medibles.

 

María Moisés Escalante (PRI), señaló que se establece el perfil idóneo del titular y del personal de esta figura, promoviendo la capacidad, la formación y la idoneidad que exige la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones emanadas de este documento vinculante en el orden jurídico mexicano, las facultades de esta unidad y los parámetros para la creación de un Protocolo de actuación del servicio público municipal, quien deberá contar con la capacitación y sensibilización necesaria.

 

La promovente de la iniciativa, Janice Escobedo Salazar (PRI) aseveró que, en cumplimiento al mandato federal de la Ley General, la Ley Estatal en su artículo 11 señala que los ayuntamientos deberán contar con unidades administrativas especializadas de primer contacto con niñas, niños y adolescentes, para la atención de casos de violación a los derechos del menor de edad, a efecto de que se canalice a la PRODEMEFA de forma inmediata.

 

“Somos más los que queremos ver niños jugando, niños bien alimentados y sin signos de violencia, niños que nos contagien con su risa y gocen del amor de una familia, niños que tengan la oportunidad de ir a la escuela, hacer la tarea y ser felices”, enfatizó.

 

Además, las siete fuerzas políticas avalaron por unanimidad el dictamen para modificar la Ley de gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, de la cual, Karla Franco Blanco (PRI) detalló que establece que la comisión permanente de Derechos Humanos podrá solicitar a comparecer a los funcionarios públicos que se nieguen a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), que son obligación acatarlas.

 

En temas similares, el pleno de los diputados aprobó por unanimidad el punto de acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, presentado en tribuna por su presidente, Felipe Cervera Hernández (PRI), para hacer un enroque en las vicepresidencias de dos comisiones permanentes: la diputada Milagros Romero estará en la de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, cuando antes ocupaba el mismo cargo en la de Desarrollo Municipal, Regional y Zonas Metropolitanas, que ahora será representado por el legislador Luis Aguilar.

 

De la misma manera, los 25 diputados aprobaron declarar el Día estatal de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, cada 15 de junio, para lo cual la promovente de la propuesta, Kathia Bolio Pinelo (PAN) explico que  es para contribuir a evitar el maltrato y cualquier tipo de violencia que puedan sufrir los adultos mayores, aportando herramientas para promover una cultura de respeto a este grupo vulnerable.

 

“Casi un tercio de la población yucateca son adultos mayores, necesitamos dar buenos ejemplos a las nuevas generaciones”, añadió.

 

Mirthea Arjona Martín (PRI), advirtió que no se puede cerrar los ojos ante al maltrato físico y psicológico contra los adultos mayores, porque son más frágiles y requieren atención, por lo que este día busca promover una cultura de cero tolerancias al abuso, la discriminación y diversas formas de violencia a este grupo vulnerable.

 

En asuntos generales, Víctor Sánchez Roca (PAN) presentó una iniciativa para expedir la Ley de Emprendedores del Estado, que busca garantizar a los emprendedores que la estructura y apoyo va a perdurar y no será solamente por buena voluntad de un gobierno. Darles certeza y crecimiento de la infraestructura de nuevas empresas, así como ir acorde a las necesidades económicas de los nuevos proyectos de crecimiento del estado, como la Nueva Zona Económica Especial.

 

Ante la presencia de grupos de cerrajeros, Milagros Romero presentó una iniciativa que reforma el Código de Administración Pública del Estado y el Código Penal, para regular a quienes se dedican a este oficio, con el objetivo de tener un registro único que será organizado por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, en coordinación con la SSP, al igual de que no sean vinculados a delitos por alguna mala práctica de quienes solicitan su labor.

 

De la misma manera, Fátima Perera Salazar (Morena) presentó la iniciativa para expedir la Ley para la protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, que busca brindar una seguridad especial a las personas que se dediquen al periodismo como su actividad cotidiana, con la creación de instrumentos jurídicos indispensables y adecuados.

 

Por último, Silvia López Escoffié (MC) entregó a la presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano, Lila Frías, una propuesta para redefinir el concepto de Ciudad, diseñar planes estratégicos de transporte público e incorporar los programas de última milla a los planes de transporte público, para que sean considerados en el análisis de sus iniciativas en la materia, que se revisan en dicho cuerpo colegiado.

 

Por otro lado, se dieron a conocer oficios de las Legislaturas de Hidalgo y Morelos, además de que se convocó a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 25 de septiembre del año en curso a las 11 de la mañana.

 

Analizan eliminación de Ley Seca

 

Sugieren revisar leyes federales para conocer si es viable eliminar la Ley Seca en Restaurantes de Lujo, Restaurantes y Pizzerías, un día previo y durante una jornada electoral, en zonas turísticas, durante la sesión de la comisión especial de Turismo, donde sus integrantes tendrán una semana para emitir una opinión sobre esta iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Salud.

 

La diputada Rosa Díaz Lizama (PAN), sugirió que la Secretaría General del Congreso estatal revise la viabilidad de esta propuesta, toda vez que en Yucatán se alinean las elecciones estatales con las federales, por lo que se debe tomar en cuenta las leyes generales.

 

En su turno, Alejandro Cuevas Mena (PRD) señaló que se debe ir más allá en el análisis de esta propuesta, porque incluso se debe considerar si se legisla que la venta de bebidas alcohólicas sea las 24 horas, para evitar el clandestinaje.

 

El presidente de la comisión, Warnel May Escobar (PRI) propuso un plazo de una semana para la presentación de propuestas por parte de los integrantes del cuerpo colegiado, que fue aprobado por unanimidad, a fin de emitir una opinión al respecto de la iniciativa, que deberá ser discutida y posiblemente dictaminada en la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; además de instruir que se revise su viabilidad.

 

Por otro lado, presentó el plan de trabajo de dicho órgano legislativo que tiene como atribuciones promover el desarrollo turístico en la entidad, impulsar el crecimiento económico a través de mecanismos turísticos y las acciones turísticas mediante coordinación con las autoridades correspondientes, entre otros.

 

Continuación de análisis

 

En la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, continuó el análisis de la iniciativa para adicionar un inciso a la fracción XIII del artículo 43 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, para establecer atribuciones a la comisión para el Respeto y Preservación de la Cultura Maya, para que en sus sesiones se invite a participar a representantes legítimos y libremente designados por esta comunidad.

 

También, en asuntos generales, se distribuyó y continuó su revisión de la iniciativa que fue returnada por la Mesa Directiva, para modificar el artículo 28 de la Constitución Política de Yucatán.

 

Así mismo, se distribuyeron las iniciativas para reformar la Constitución Política del Estado: la primera que propone reducir las prerrogativas a los partidos políticos, suscrita por Morena; la segunda en materia de Anticorrupción, promovida por Movimiento Ciudadano, así como la tercera para dotar de autonomía a la Vicefiscalía Especializada en el combate a la Corrupción, presentada por el Ejecutivo estatal.